¿Cualquiera podrá operar inmuebles? El debate que divide al mercado bonaerense

Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza analizan cambios en la regulación del corretaje, con fuerte rechazo de los colegios profesionales.

La discusión por la actividad inmobiliaria sumó un nuevo capítulo en la provincia de Buenos Aires.

Un grupo de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza trabaja en una iniciativa para modificar la ley que regula a martilleros y corredores públicos. La propuesta está alineada con la agenda nacional de desregulación impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El eje del debate pasa por la Ley 10.973, que regula el ejercicio profesional en la provincia. Desde el espacio libertario sostienen que el esquema actual funciona como una barrera de entrada y limita la competencia.

Entre los cambios analizados aparece la posibilidad de habilitar la intermediación inmobiliaria a personas humanas y jurídicas sin matrícula profesional. También se plantea liberar honorarios y comisiones para que sean definidos por acuerdo entre las partes.

Otro punto sensible es la eliminación de sanciones para quienes participen en operaciones sin título habilitante. Hoy, la normativa contempla multas que pueden alcanzar hasta el doble de los honorarios percibidos.

La propuesta toma como referencia un borrador nacional que contempla eliminar la matrícula obligatoria y el requisito de título universitario para ejercer el corretaje inmobiliario. También prevé permitir trabajo interjurisdiccional, ejercicio simultáneo con otras actividades y operaciones mediante plataformas digitales.

Del otro lado, los colegios profesionales rechazan el avance. Sostienen que la intermediación inmobiliaria requiere formación, control profesional y seguridad jurídica para compradores, vendedores e inquilinos.

El debate promete escalar porque toca un punto central del negocio: quién puede intermediar una operación inmobiliaria y bajo qué reglas.

👉 Lectura clave: la desregulación puede abrir más competencia, pero también plantea dudas sobre profesionalización y seguridad jurídica. El mercado deberá resolver si quiere bajar barreras de entrada sin debilitar la confianza en las operaciones.