Desalojos express: el posible impacto en alquileres

El proyecto con media sanción del Senado busca acelerar desalojos y podría reducir el “premio de riesgo” que algunos propietarios cargan al valor del alquiler.

El mercado de alquileres podría sumar un nuevo cambio regulatorio.

El Senado dio media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora deberá ser tratada por Diputados. Entre sus puntos centrales aparecen la aceleración de los procesos de desalojo, la redefinición de derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos, la digitalización de registros y la posibilidad de restitución anticipada del inmueble en ciertos casos.

La pregunta es qué impacto podría tener sobre los precios. Algunos especialistas sostienen que, si el propietario sabe que puede recuperar su inmueble rápidamente ante un incumplimiento, necesita cargar menos riesgo en el alquiler.

El razonamiento funciona como una póliza: cuanto mayor es el riesgo, mayor es el valor que se intenta cobrar. Si un juicio demora dos años, ese riesgo puede trasladarse al precio del contrato. Si el proceso se resuelve en pocos meses, el margen de cobertura podría bajar.

El debate llega en un momento particular. En CABA, el alquiler medio de un dos ambientes subió 1,6% en julio y llegó a $873.668. En lo que va de 2026, acumula una suba de 17,5%, por debajo de la inflación del período, estimada en 19,2%.

La oferta también cambió después del DNU que derogó la Ley de Alquileres. Entre enero y febrero de 2024, la cantidad de departamentos disponibles para alquiler tradicional en CABA creció 62%. En julio de 2026, la oferta volvió a subir, pero solo 3,2%.

El stock actual se estima entre 15.000 y 17.000 inmuebles en alquiler, y el volumen de oferta es 3,4 veces superior al mínimo registrado en febrero de 2023.

Sin embargo, el efecto no sería automático. La evolución de los alquileres seguirá dependiendo de inflación, ingresos, oferta disponible, demanda y señales de continuidad regulatoria. También influirá la confianza de los propietarios en que las reglas no vuelvan a cambiar.

Algunas provincias ya tienen procesos más ágiles. Mendoza, Entre Ríos, Río Negro, San Juan y La Pampa utilizan procedimientos monitorios, que permiten reclamar determinadas obligaciones de forma más rápida. En alquileres, si el contrato está certificado y hay incumplimiento claro, el trámite puede resolverse en dos o tres meses.

👉 Lectura clave: acelerar desalojos puede reducir parte del riesgo que hoy pesa sobre el alquiler tradicional. Pero para que eso impacte en precios, también hacen falta estabilidad regulatoria, oferta sostenida e ingresos capaces de acompañar.