URUGUAY: cuando la obra se frena, ¿quién paga?

Hay una conversación que se instaló en las últimas semanas en el sector de la construcción uruguayo. Se habla en las cámaras, entre desarrolladores, en los grupos del sector. Y la pregunta que más se repite no es nueva, pero por primera vez se hace en voz alta: ¿cuánto está costando la conflictividad?

En la construcción uruguaya, cuando una obra se para —por asamblea, por conflicto, por una medida que excede lo estrictamente laboral— los jornales se siguen pagando. La grúa no se mueve, los materiales no se colocan y los plazos se estiran. Ese día perdido no desaparece. Se acumula. Y lo absorbe íntegramente una sola parte de la ecuación: el que invirtió.

Los números del Índice de Conflictividad Laboral de la Universidad Católica del Uruguay lo confirman: la construcción fue, en 2025, el sector que acumuló la mayor cantidad de jornadas laborales perdidas de toda la economía uruguaya. Y lo hace, además, a contracorriente: mientras el índice general del país se mantiene en niveles históricamente bajos desde 1995, la construcción sostiene su lugar al tope del ranking sectorial. Para dimensionar, en 2023 Uruguay perdió más de 1,5 millones de jornadas laborales por paros y huelgas a nivel país, y el peso de la construcción dentro de ese total es desproporcionado en relación con su participación en el empleo.

Es un mecanismo silencioso que funciona así: la rentabilidad de cada proyecto se erosiona producto de la creciente conflictividad y el próximo desarrollador piensa dos veces antes de arrancar. Y cada proyecto que no arranca es empleo que no se genera, inversión que no llega, impuestos que no se pagan, metros cuadrados que no se construyen. El daño no es inmediato, es paulatino, degenerativo. Y cuando se nota, ya es tarde.

No es casual que esto suceda con más intensidad en distritos como Maldonado y Canelones. Son los departamentos donde más se construye y más se invierte en todo Uruguay. Maldonado captó alrededor de US$ 6.000 millones de inversión en construcción en los últimos cinco años, y acumula más de 4,8 millones de m² aprobados bajo beneficios fiscales en 25 años, equivalentes a cerca de US$ 9.000 millones de inversión asociada. Solo entre 2016 y 2023 se aprobaron allí casi 3,5 millones de m² bajo exoneraciones de fomento. En vivienda promovida, Canelones explica el 7,1% de las ventas declaradas a nivel nacional y Maldonado el 5,9%: entre ambos concentran más del 13% del mercado promovido del país. El peso es tal que cualquier obstáculo sistémico en estos departamentos no es un problema local: es un problema nacional.

Los desarrolladores y los inversores ya lo saben. Lo calculan y cada vez queda más claro: las cuentas no cierran. El resultado es previsible y las inversiones empiezan a tomar otras direcciones, se vuelcan a otras industrias o incluso a otros mercados.

Conviene ser claro en algo: esto no es una situación que busca contraponerse con los derechos laborales, sino garantizarlos. Porque para que existan los derechos laborales debe existir el empleo.

El sector del Real Estate crece sostenidamente desde hace muchos años en Paraguay. Chile se mantiene siempre fuerte. Varias zonas de Argentina empiezan a mostrar recuperación y se consolidarán en el futuro. Y Uruguay —que durante dos décadas fue sinónimo de previsibilidad, de reglas claras, de clima de inversión— empieza a perder, silenciosamente, la única ventaja competitiva que realmente importaba: la confianza de que una obra que empieza, termina en los plazos y los costos que se proyectaron.

Y el detalle que lo hace todavía más crítico: hoy la construcción crece 3,6% interanual, por encima del crecimiento general de la economía, que se desaceleró del 3,6% en el primer trimestre al 1,8% a comienzos del tercer trimestre de 2025. Es decir, el sector que está traccionando al PBI uruguayo es justamente el que está cargando con el mayor peso de la conflictividad. Cada punto de rentabilidad que se pierde no se pierde en cualquier rubro: se pierde en el motor.

El sistema político uruguayo tiene una conversación pendiente con el sector. Y no es que no lo sepa. Es que prefiere no tenerla. La conflictividad en la construcción es un tema que todos conocen, que todos comentan en privado, y que ningún actor político con responsabilidad institucional se anima a poner sobre la mesa. No hay señal de que alguien en el sistema esté dispuesto a revisar un modelo que claramente no está funcionando.

El silencio de la política no es neutral. Es una decisión. Y es una decisión que tiene beneficiarios concretos: los que hoy pueden paralizar una obra sin asumir ningún costo. Mientras tanto, el empresario que invierte en el mercado inmobiliario asume no solo el riesgo de mercado, no solo el riesgo financiero, sino el riesgo de que su obra se convierta en escenario de disputas que no tienen nada que ver con las condiciones de trabajo.

Porque los márgenes no son infinitos. La paciencia del capital tampoco. Y cuando un desarrollador cancela un proyecto y deriva esa inversión a otros mercados, los puestos de trabajo que ese proyecto iba a generar se van con él. En silencio, sin conflicto, sin asamblea. Simplemente no nacen.

Ese es el verdadero costo país del que nadie habla. No es una cifra. Es todo lo que Uruguay deja de construir mientras mira para otro lado.