Matrícula, honorarios y competencia: las claves de la reforma inmobiliaria

La iniciativa apunta a que el corretaje deje de ser considerado una profesión liberal y pase a funcionar como un servicio de intermediación comercial.

El Gobierno prepara una reforma que puede cambiar el funcionamiento del mercado inmobiliario.

La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, busca reducir regulaciones, fomentar la competencia y bajar costos en las operaciones. Uno de los puntos centrales es modificar el régimen que regula la actividad de los corredores inmobiliarios.

La propuesta plantea que el corretaje deje de ser considerado una profesión liberal y pase a encuadrarse como un servicio de intermediación comercial.

Entre los cambios previstos aparecen la eliminación de la matriculación obligatoria en colegios profesionales, el fin de aranceles y honorarios mínimos, la derogación de la exigencia de título universitario, la eliminación de sanciones por ejercer sin matrícula, el fin de restricciones territoriales y la reducción de facultades disciplinarias de los colegios.

Desde el Gobierno sostienen que el sistema actual genera barreras de ingreso, limita la competencia y encarece operaciones. También promueven el ingreso de plataformas digitales y nuevos modelos de comercialización.

Pero el proyecto genera preocupación en parte del sector. Quienes cuestionan la desregulación advierten que una operación inmobiliaria involucra documentación, títulos, aspectos impositivos y responsabilidades patrimoniales que requieren estándares mínimos de idoneidad.

La discusión de fondo no es solo cuánto se paga de comisión. También está en juego qué nivel de control, profesionalización y seguridad jurídica necesita una operación que suele involucrar el principal patrimonio de una familia.

Para compradores, vendedores e inquilinos, el impacto dependerá de cómo se implemente. Una mayor competencia podría bajar costos, pero la falta de controles podría aumentar riesgos si no se establecen reglas claras.

👉 Lectura clave: la reforma abre un debate sensible: cómo modernizar el mercado inmobiliario sin perder seguridad jurídica. La clave estará en equilibrar competencia, tecnología y responsabilidad profesional.