MUNICIPIOS: EL NEGOCIO DE NO APROBAR
Hay una paradoja que recorre el sector de la construcción argentino en este momento: la macroeconomía empieza a dar señales de estabilización y la construcción se reactiva tímidamente, sin embargo muchas obras no arrancan. No porque no haya capital. No porque no haya proyectos. Sino porque alguien no firmó un papel.
Ese alguien, en demasiados casos, es un municipio.
EL PERMISO COMO PODER
La aprobación municipal de obras es una facultad legítima. Los municipios tienen —y deben tener— poder de ordenamiento territorial, control urbanístico, capacidad de establecer límites a la densidad y al perfil edilicio de sus distritos.
Nadie discute eso. Lo que sí merece discutirse es lo que ocurre cuando esa facultad deja de ser un instrumento de planificación y se convierte en una variable de negociación política o en una fuente de renta administrativa.
El patrón no es difícil de identificar dentro del mundo del desarrollo urbano. El ejemplo claro son algunos municipios del norte del conurbano donde se frenan todas las obras nuevas de más de nueve metros de altura —es decir, prácticamente toda la construcción de escala— sin que medie una ordenanza nueva, sin que exista una explicación técnica de público conocimiento.
No son casos aislados. Son síntomas de un mismo problema sistémico tapado por muchos años.
EL COSTO QUE NO SE CONTABILIZA
Cada obra que no arranca en este momento tiene un costo que nadie suma en ninguna estadística oficial. Son puestos de trabajo que no se generan en un sector que emplea a cientos de miles de personas de manera directa. Son cadenas de proveedores que no se activan. Son metros cuadrados que no entran al mercado en un momento en que la demanda está presente.
Y son, también, una señal para el capital. El inversor que tramita permisos durante meses sin resolución no cancela solo ese proyecto: recalibra su evaluación de todos los proyectos futuros en esa jurisdicción. El efecto disuasorio de la discrecionalidad municipal no se mide en una obra: se mide en la siguiente decisión de inversión que se toma —o no se toma— en silencio.
LA POLÍTICA QUE MIRA PARA OTRO LADO
Lo más llamativo no es que esto ocurra. Es que ocurra sin que nadie en el sistema político nacional lo ponga sobre la mesa con la seriedad que merece. La construcción aparece permanentemente en los discursos como motor de recuperación económica, como generadora de empleo, como traccionadora de la actividad. Pero cuando el freno no es macroeconómico sino municipal —cuando el problema no es el tipo de cambio ni la tasa sino la ventanilla— el debate se vuelve incómodo porque toca intereses muy concretos y muy locales.
Los municipios tienen autonomía. Esa autonomía es valiosa y debe preservarse. Pero autonomía no es impunidad administrativa. Y la línea entre ordenamiento territorial legítimo y discrecionalidad que desincentiva la inversión es una línea que, en demasiados distritos del país, se está cruzando con regularidad.
LO QUE HAY QUE PEDIR
No hace falta una reforma constitucional ni un nuevo organismo nacional. Hace falta algo más simple y más difícil a la vez: transparencia en los procesos de aprobación, plazos máximos con consecuencias reales, y la voluntad política de decir en voz alta que frenar una obra sin fundamento técnico verificable no es ejercicio de autonomía. Es un costo que paga el país entero.
La recuperación del sector no depende solo de las variables que se negocian en Buenos Aires. Depende también de lo que pasa —o no pasa— en las ventanillas de los municipios. Y eso, por ahora, nadie lo está mirando.
