URUGUAY: el costo país del que nadie habla en la construcción

Durante dos décadas, Uruguay construyó —literal y metafóricamente— una reputación que lo diferenció en la región: previsibilidad. Reglas claras, instituciones estables, un clima de negocios que convirtió a Punta del Este y a Montevideo en destinos naturales para el capital que buscaba refugio del ruido argentino y de la volatilidad regional. Ese consenso hoy cruje. Y cruje en un lugar incómodo de nombrar: las obras en construcción.

¿QUÉ PASA HOY?

Construir en Uruguay es cada vez más caro, más lento y más incierto. Y una porción relevante de esa ecuación no se explica por costos de materiales, ni por tipo de cambio, ni por regulaciones edilicias: Se explica por la conflictividad gremial.

Conviene decirlo con cuidado, porque el tema es sensible y porque la historia del sindicalismo de la construcción uruguayo tiene capítulos legítimos y necesarios. El derecho a huelga, a la negociación colectiva y a la protesta son conquistas que ningún análisis serio pone en duda. Pero entre el ejercicio de derechos y la paralización reiterada de proyectos hay una distancia, y esa distancia es exactamente donde se está pagando un costo país que nadie contabiliza.

En Maldonado, particularmente, el clima de los últimos meses describe un patrón que preocupa a quienes invierten: conflictos que escalan rápido, reclamos que se superponen con agendas personales de dirigentes, y una dinámica en la que cada obra mayor se vuelve escenario de disputas que exceden lo estrictamente laboral. 

Los desarrolladores lo comentan en privado. En público, callan. El cálculo es simple y es el que explica por qué esta nota es tan infrecuente: hablar tiene costo, y el costo lo paga la obra siguiente.

Ese silencio es parte del problema.

Porque mientras tanto, el capital que podía elegir Uruguay está empezando a mirar otros destinos. Paraguay crece como alternativa para inversión inmobiliaria regional. Partes de Argentina, con todas sus dificultades, vuelven al radar de quienes apuestan por ciclos. Y Uruguay, que tenía el activo más difícil de construir —la confianza—, lo está gastando sin darse cuenta.

El sistema político uruguayo, con honrosas excepciones, elige no intervenir en esta conversación. Es comprensible electoralmente y es miope estratégicamente. La construcción genera un aporte significativo al empleo y al PBI, sostiene cadenas productivas enteras y es uno de los termómetros más sensibles del clima de inversión. Cuando la construcción se traba, no se traba sólo una obra: se manda un mensaje al próximo inversor.

No se trata de pedir menos derechos laborales. Se trata de pedir que la conversación exista. Que la Cámara de la Construcción, los sindicatos, el Ministerio de Trabajo y el sistema político se sienten a discutir abiertamente qué nivel de conflictividad es compatible con el Uruguay que todos dicen querer: próspero, abierto al capital, generador de empleo formal, atractivo para el talento. Hoy esa conversación se tiene en los pasillos, en los directorios y en los grupos de WhatsApp de los desarrolladores. No en los medios, no en el Parlamento, no en las mesas tripartitas.

¿EL URUGUAY QUE SE VIENE?

El costo país del que nadie habla no es una cifra. Es una cultura del silencio que empieza a tener consecuencias medibles. Proyectos que no se anuncian. Inversiones que se posponen. Decisiones que se toman en Asunción o en Santiago en lugar de Montevideo. Cada una de esas decisiones es invisible individualmente y devastadora en el agregado.

Uruguay tiene tiempo de corregir el rumbo. Tiene instituciones, tiene capital humano, tiene una marca país que todavía pesa. Lo que necesita es algo más difícil que una reforma: necesita animarse a tener la conversación incómoda.

Porque el silencio, en economía como en política, nunca es gratis. Sólo posterga la factura.