¿El negocio inmobiliario argentino entra en su mayor cambio en décadas?

El proyecto de reforma propone eliminar la matrícula obligatoria, liberar honorarios, permitir operación nacional y abrir el mercado a plataformas digitales, proptechs y nuevos jugadores.

El mercado inmobiliario argentino podría estar frente a una transformación profunda.

El proyecto impulsado por el Gobierno busca redefinir el corretaje inmobiliario: dejaría de ser considerado una profesión regulada para pasar a funcionar como un servicio de intermediación comercial, siempre que el cambio avance en el Congreso.

El primer cambio fuerte es la eliminación de la matrícula obligatoria y de la exigencia de contar con un título universitario específico para intermediar en operaciones inmobiliarias. En la práctica, esto abriría la actividad a más personas, empresas y plataformas.

El segundo punto es la pérdida de poder regulatorio de los colegios profesionales. Hoy controlan matrículas, aplican sanciones y supervisan el ejercicio de la actividad. Con la reforma, podrían pasar a funcionar como asociaciones de adhesión voluntaria, sin capacidad disciplinaria sobre el mercado.

También se eliminarían restricciones territoriales. Actualmente, un corredor matriculado en una provincia no puede operar libremente en otra sin nuevos trámites o inscripciones. Si el proyecto prospera, una inmobiliaria, franquicia o plataforma podría trabajar en todo el país con menos barreras administrativas.

Otro cambio clave sería la liberación de honorarios. La reforma plantea eliminar aranceles mínimos o referencias obligatorias, permitiendo que cada actor negocie libremente sus comisiones con clientes. Para el Gobierno, eso aumentaría competencia y podría bajar costos. Para parte del sector, el riesgo es una competencia basada solo en precio, con menor calidad de servicio.

El quinto cambio es más estructural: el negocio podría abrirse con más fuerza a proptechs, bancos, fintechs, marketplaces, desarrolladores y empresas que integren servicios financieros, legales y digitales con la intermediación inmobiliaria.

La discusión divide al sector. Quienes apoyan la reforma sostienen que el corretaje es una actividad comercial y que el sistema actual limita la competencia. Quienes la rechazan advierten que la matrícula funciona como garantía para consumidores que entregan reservas, señas o documentación sensible.

Para compradores, vendedores e inquilinos, el cambio puede significar más opciones, menores costos y más herramientas digitales. Pero también obliga a mirar con más cuidado quién intermedia, qué respaldo ofrece y cómo se protege la operación.

👉 Lectura clave: la reforma puede acelerar la modernización del real estate argentino, pero el desafío será equilibrar competencia con confianza. En operaciones de alto valor, bajar barreras no debería significar bajar controles.